El colectivo afrodescendiente que vive en nuestro país es una de las poblaciones con mayores afecciones, peores condiciones de vida y tiene una larga trayectoria de derechos vulnerados, con efectos que han dejado una pesada herencia en el mediano y largo plazo.
A partir del análisis de los datos cuantitativos, se hace evidente la desigualdad estructural que atraviesa a la población afro en prácticamente todas las dimensiones sociodemográficas. Esta desigualdad, si bien expresa un claro problema en términos de derechos humanos, no habla por sí misma de las formas en que la discriminación étnica opera sobre la población afrodescendiente en lo cotidiano.
Según el Informe Socioeconómico: “Población afrodescendiente de Montevideo”, realizado por la Unidad de Estadística de la Intendencia de Montevideo, con fuente de la Encuesta Continua de Hogares/INE (2006- 2017), un 11% de la población de Montevideo se auto identifica afrodescendiente (118.000 personas). De esas, 27,3 % son menores de 14 años, 65,3% tienen entre 15 y 65 años y 7,4 % mayores de 65. La población afrodescendiente se caracteriza por tener una fecundidad alta y sostenida, el número de hijos/as por mujer mayor es cercano a los 3 hijos, en contraste con el promedio de la ciudad que está más cerca de los 2 hijos.
Las personas afrodescendientes tienen menores niveles de estudio que el total de la población y esto se traduce en desventajas en el plano del trabajo, en donde sufren mayor índice de desempleo y discriminación laboral. A su vez, cuentan con menos acceso a seguridad social que el resto de los ciudadanos de Montevideo. Como consecuencia, casi la mitad de la población afro vive en viviendas sin las condiciones adecuadas, principalmente en barrios de los Centro Comunal Zonal (CCZ) 9,10, 11 y 17.